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PHOENIX, Arizona. La dreamer Abril Gallardo le dijo a uno de sus profesores de la universidad que este martes no podría asistir a clase “por un problema legal”.

En realidad, Gallardo faltó en clase porque se reunió con otras decenas de dreamers para ver por televisión el anuncio del gobierno de Donald Trump que, como temían, supuso el fin del programa DACA, que le ha protegido de la deportación. También le ha permitido trabajar y cumplir su sueño de ir a la universidad.

Por ahora Gallardo, de 27 años, podrá seguir yendo a clase en el Phoenix Community College, pero su futuro es muy incierto porque si el Congreso no convierte DACA en ley, los dreamers quedarán desprotegidos.

Con lágrimas, Gallardo decía una hora después del anuncio que no quería hablar con sus padres porque hasta ahora había guardado la entereza ante ellos. Gallardo, que es una líder activista en el grupo Lucha, tenía 71 mensajes sin contestar en su teléfono de familia, amigos y otros activistas.

“Ahora siento que ya no puedo decirles con seguridad que todo va a estar bien”, se lamentaba.

Uno de los beneficios que DACA ha tenido para miles de dreamers como Gallardo ha sido la posibilidad de pagar un precio asequible por asistir a la universidad. En Arizona, los dreamers pueden pagar la tarifa reducida para estudiantes que residen en el estado ( in-state tuition). Para muchos estudiantes, esto hace la diferencia entre si pueden cursar estudios superiores o no.

Gallardo, que cursa su tercer año de carrera, paga $2,000 al año, tres veces menos de lo que hubiera tenido que pagar sin el beneficio de DACA.

Años de lucha por la educación

La batalla para que los dreamers de Arizona pudieran pagar matrículas universitarias asequibles ha sido larga. En 2006, los votantes de Arizona prohibieron por referéndum cualquier tipo de ayuda pública a los indocumentados en la Proposición 300.

Después de que el presidente Barack Obama aprobara en 2012 la orden ejecutiva que creaba DACA, los community colleges del condado de Maricopa, donde se encuentra Phoenix, comenzaron a ofrecer in-state tuition a los beneficiarios de DACA.

En las universidades estatales la diferencia entre pagar in-state tuition o out-of-state tuition es aún más significativa que en los community colleges. Por ejemplo en el curso entrante en ASU, los residentes en el estado pagan $10,792 y los de fuera del estado pagan $27,372.

Pero los republicanos han intentado retirar este beneficio a los dreamers con un desafío legal. En junio, un tribunal de apelaciones tumbó una decisión de una corte inferior que había decidido en favor de los jóvenes indocumentados. Ahora será la Corte Suprema de Arizona la que decida en los próximos meses.

Unas dos decenas de dreamers de Phoenix y otros activistas de inmigración se reunieron en la sede del sindicato UFCW en el centro de la ciudad para ver por televisión el anuncio del fiscal general Jeff Sessions. Recibieron el anuncio uniendo sus manos en un silencio que solo fue roto minutos después de que Sessions terminara sus palabras al grito en español de “Sí se puede”.

Luego marcharon a la cercana sede local de ICE, la agencia federal encargada de las deportaciones, con cánticos como “sin papeles, sin miedo” y “estamos aquí para quedarnos”.

Algunos portaban carteles sobre el acceso a la universidad. En uno se leía dentro del dibujo de un birrete de graduación: “Dejen que nos graduemos”.

“Esta sensación no es nueva. Me recuerda a la ley SB1070 cuando pensábamos que nos tendríamos que volver (a nuestros países)”, decía la dreamer Lizette Zamudio, también estudiante en Phoenix Community College. La dura ley de inmigración de Arizona SB1070 aterrorizó a la comunidad hispana al permitir arrestos solo por el aspecto físico. Fue declarada inconstitucional casi en su totalidad.

En Arizona, donde hay 28,000 beneficiarios de DACA, una de las caras visibles de las campañas de los indocumentados por el acceso equitativo a la educación ha sido Korina Iribe.

Madre de Iker, de solo dos años, Iribe tardó nueve años en completar su licenciatura porque su trabajo de vendedora de teléfonos no le daba suficientes medios para matricularse cada año en todas las asignaturas. Gracias a DACA se pudo matricular en más cursos y recientemente se graduó.

“Para mí la educación es vital. Te abre muchas puertas”, dice Iribe que es la primera universitaria de su familia.

Ahora está planeando matricularse en ASU en un masters de liderazgo de organizaciones sin ánimo de lucro, un conocimiento que considera esencial para progresar en su carrera de organizadora comunitaria.

Poco después de conocer el anuncio Iribe le decía a Univision Noticias que tenía que preparar un plan con su marido, también beneficiario de DACA y trabajador, para el caso de que pierdan la protección de DACA.

“No sé cómo voy a poder mantener a mi familia, ni si esto me va a afectar en los estudios”.