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El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo nuevas sanciones contra lo que describe como “la dictadura” de Venezuela, informó la Casa Blanca en un comunicado enviado este viernes. La medida prohíbe a ciudadanos estadounidenses comprar nuevas emisiones de deuda y bonos del Estado venezolano y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Además, limita la negociación de algunos bonos actualmente en manos del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno de Nicolás Maduro.

Estas son las primeras medidas económicas que adopta el gobierno estadounidense contra el gobierno de Venezuela desde que empezó el distanciamiento entre ambos países con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

“La decisión del régimen de crear una ilegítima Asamblea Constituyente, y más recientemente haber hecho que ese cuerpo usurpe el poder de la democráticamente elegida Asamblea Nacional representa una ruptura fundamental del legítimo orden constitucional en Venezuela”, indica la Casa Blanca.

De acuerdo con la medida, el Departamento del Tesoro dará un período de 30 días de gracia y permitirá que continúe el financiamiento en la mayor parte del intercambio comercial entre ambos países, incluyendo el sector petróleo y transacciones que involucran a Citgo, la petrolera estadounidense propiedad de Pdvsa y que opera en Estados Unidos.

También se darán licencias para mantener algunos papeles de la deuda venezolana actualmente existentes y para el financiamiento de “bienes humanitarios” destinados a Venezuela.

“Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiamiento para mantener su régimen ilegítimo, proteger el sistema financiero de EEUU de la complicidad de la corrupción en Venezuela y el empobrecimiento del pueblo venezolano, y permite la asistencia humanitaria”, dice el comunicado distribuido por la secretaria de prensa de la presidencia.

Desde la ONU, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó las sanciones en una rueda de prensa. “Venezuela es una democracia y no sé por qué Estados Unidos quiere hacer un caso extraño en Venezuela (…) La pretendida imposición de sanciones corresponden a una política no civilizada”, dijo acompañado del expresidente de la estatal petrolera Pdvsa, Rafael Ramírez.

“No va Estados Unidos a originar una crisis humanitaria en Venezuela (…) Estados Unidos y su gobierno no son absolutamente nadie para inmiscuirse en los asuntos de Venezuela”, agregó.

Otras sanciones

Aunque con Barack Obama se empezaron a adoptar sanciones contra personas o empresas vinculadas al gobierno de Caracas, acusadas de operaciones de narcotráfico o de lavado de dinero, el presidente Trump ha reforzado ese tipo de medidas, sancionando a varios de los más altos jerarcas del gobierno venezolano.

A raíz de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio pasado –que casi toda la comunidad internacional considera ilegítima– y de la dura represión durante cuatro meses a las manifestaciones opositoras que dejaron unos 140 muertos, Washington profundizó la política de sanciones individuales incluyendo al vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusa de estar vinculado al narcotráfico.

El 31 de julio, al día siguiente de elegida la asamblea con la que Maduro busca reescribir la Constitución, la Casa Blanca anunció sanciones en su contra y lo catalogó de “dictador”.