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Apenas dos días antes de su entrada en vigor, un juez federal bloqueó temporalmente gran parte de la ley estatal SB4 de Texas, aunque dejó intacta una sección que habilitaría a los policías y alguaciles en todo el estado a preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier persona durante una detención o arresto, incluso una parada de tránsito.

La decisión es una victoria temporal y a medias para la decena de condados y ciudades que demandaron al estado de Texas para frenar la medida.

El juez Orlando García decidió este miércoles que algunas partes de la ley no entrarán en vigor el próximo viernes, 1 de septiembre, como se había establecido cuando el congreso estatal aprobó la medida. Su implementación será frenada hasta que el juez decida si esas secciones violan los derechos de los texanos bajo la Constitución.

En general, el fallo prohíbe que se castigue a los líderes de Texas por adoptar políticas santuario, por lo que alcaldes, jefes de policía, alguaciles y universidades podrán seguir limitando su cooperación con agentes de inmigración.

Esto significa que los policías y alguaciles pueden efectivamente prohibir que sus agentes cooperen con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) sin ser multados o despedidos. También significa que las cárceles no estarán obligadas a detener inmigrantes cuando ICE se lo pide sin una orden judicial.

Sin embargo, el juez no falló sobre la sección que permitiría a los policías preguntar sobre el estatus migratorio de una persona durante una detención, algo que quedaría a discreción del oficial.

En un documento de 94 páginas, el juez García opinó que “hay evidencia abrumadora” de que la aplicación de la ley “erosionará la confianza pública y hará menos seguros a muchas comunidades y barrios. Existe también amplia evidencia de que las localidades sufrirán consecuencias económicas adversas que, a su vez, perjudicarán al estado de Texas”.

En el fallo agregó que “el Estado no puede ejercer su autoridad de una manera que viole la Constitución de los Estados Unidos”.

Celebración a medias

El Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL), si bien recibió con beneplácito la decisión, criticó el hecho que el juez García no haya impedido que la policía y otros funcionarios soliciten información sobre el estatus migratorio de las personas durante una detención legal.

“Exhortamos a los agentes a que piensen en su rol comunitario vital y voluntariamente rehúsen hacerlo”, dijo Kenneth Romero-Cruz, director ejecutivo del NHCSL. “De esta forma, los policías locales no se ganarán reputación de agentes de inmigración”, agregó.

La NHCSL, que representa los intereses de 400 legisladores estatales de ambos partidos en legislaturas estatales alrededor del país, dijo además que la SB4 “no debería tener lugar alguno en nuestro sistema de justicia”, y señaló que se trata de una legislación que “da en el traste con el estado de derecho, limita el derecho de libertad de expresión de los funcionarios públicos de Texas, e injustificadamente señala a las minorías como blanco de persecución por su apariencia o la forma en que hablan y no por ningún crimen que hayan cometido”.

La decisión fue aplaudida por la alguacil Sally Hernández, cuyas políticas santuario en el condado de Travis han sido duramente criticadas por el gobernador Greg Abbott.

“Estoy contenta con la decisión del juez. Creo que las comunidades locales serán más fuertes y seguras cuando la justicia y la seguridad sean una realidad para todos”, afirmó Hernández.

El gobernador, por su parte, criticó el fallo al conocerse la noticia: “La decisión de hoy solo logrará que las comunidades de Texas sean menos seguras. Por esta decisión los pandilleros y criminales peligrosos -como aquellos puestos en libertad por la sheriff Sally Hernández- estarían libres y seguirían amenazando a nuestras comunidades” dijo en un comunicado.

Compás de espera

Si bien el fallo del juez García frena partes clave de la SB4, la ley no fue suspendida del todo y partes de ella podrían entran en vigor el viernes 1 de septiembre.

“Lo que bloqueó el juez fueron partes determinantes tal como la prohibición al derecho de las ciudades a convertirse en santuario para los indocumentados”, explicó Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas. “Eso no podrá entrar en vigor”.

Barrón también dijo que “la policía sigue teniendo la discreción de preguntar el estatus migratorio de todo individuo que sea detenido por infringir cualquier otra ley vigente en el estado”, una de las partes clave que defensores de los inmigrantes también querían que fuera bloqueada.

“Por eso hablamos de una victoria agridulce”, indicó Barrón. “Así es que, por ahora, aquellas partes que no fueron bloqueadas, entrarían en vigencia el viernes, a menos que haya algún otro tipo de apelación o litigio en las horas que faltan”.

Por su parte, Bárbara Hines, profesora retirada de la facultad de leyes de la Universidad de Texas en Austin, dijo que otra de las partes bloqueadas por el juez García “se refiere al tiempo de detención de un individuo. Nadie puede ser privado de su libertad más allá del tiempo señalado por la ley”.

Hines resaltó que en el fallo, el juez García “en varias ocasiones mencionó que partes de la ley SB4 no son constitucionales”, y que “entraban en conflicto con la ley de inmigración”. Estos temas serán vistos durante el proceso de revisión, subrayó.

El Mexican American Legal Defense and educational Fund (MALDEF), indicó que el fallo del juez García “bloquea todas las provisiones que desafiamos: interrogatorio policial sobre el estatus migratorio, detenciones obligatorias de ICE en cárceles locales y restricciones a la libertad de expresión de los funcionarios locales”.

“Como resultado, estas provisiones no entrarán en vigencia el 1 de septiembre”, dijo Nina Perales, vicepresidente de Litigios de MALDEF en un comunicado.

Poco después del dictamen, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, dijo que la SB4 es “una ley cruel, peligrosa e inconstitucional que nunca debió haber sido aprobada”.

¿Qué es la SB4?

La SB4 fue aprobada en la primavera por legisladores republicanos, luego de que Abbott declarara como prioridad eliminar las ciudades santuario en Texas.

Además de prohibir que cualquier autoridad local limite su cooperación con agentes federales de inmigración, la medida también obligaría a las autoridades a cumplir con las solicitudes de detención de ICE, estableciendo incluso multas y castigos para los funcionarios que no cooperen con las deportaciones.

Entre mayo y junio, varios funcionarios públicos demandaron al estado de Texas para detener la medida, entre ellos líderes de ciudades como El Cenizo, Dallas, Austin, San Antonio, El Paso y Houston; oficiales de los condados de Maverick, Travis y El Paso; y abogados de organizaciones como ACLU, MALDEF y LULAC.

“Obviamente estamos muy alegres con la decisión del juez federal en San Antonio. Sabemos que esta es una victoria para nuestra comunidad, pero esto nada más es un paso de todos los pasos que tenemos que dar en esta batalla. Sabemos que vamos a tener que pelear en las cortes y que este es un caso que va (a llegar) hasta la Corte Suprema de Estados Unidos”, dijo a Univision Noticias el presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) Roger C. Rocha, desde Laredo, Texas.

En total se presentaron tres demandas contra la SB4. Las tres fueron consolidadas por el juez García a principios de junio, mientras distintas ciudades votaban para unirse a la demanda o para pronunciarse en contra de la SB4.

¿Qué sucede ahora?

La decisión preliminar de García es una victoria temporal para el grupo que demandó al gobierno de Texas, pero el caso contra la SB4 sigue en pie.

Ahora, los demandantes deberán argumentar frente al juez García que la SB4 viola los derechos que otorga la Constitución de Estados Unidos, entre ellos la libertad de expresión, el debido proceso de la ley, la protección contra las detenciones arbitrarias y la protección igualitaria bajo la ley.

Por otro lado, los abogados de la defensa -que representan no solo al gobierno de Texas sino también al Departamento de Justicia, que decidió involucrarse en el caso- deberán probar al juez que la SB4 no viola los derechos constitucionales de los texanos.

Además deberán probar que la SB4 no viola la cláusula de supremacía, que establece que el gobierno federal tiene poder sobre ciertas materias -como la de inmigración- por encima de los gobiernos estatales.

Para eso, el magistrado evaluará en las próximas audiencias las distintas partes de la SB4, que incluyen:

  • la sección 752.053, que hace ilegal mantener cualquier política santuario que prohíba preguntar a alguien sobre su estatus migratorio, compartir esa información con cualquier agencia, asistir durante una deportación, o permitir que entre un agente federal de inmigración a una cárcel,
  • la sección 752.056, que establece sanciones económicas diarias para los funcionarios o entidades que mantengan políticas santuario, comenzando con una multa civil de entre $1,000 y $1,500 por la primera infracción y luego entre $25,000 y $25,500 por cada día de resistencia,
  • la sección 752.0565, que da al fiscal general de Texas la habilidad de pedir a un juez que destituya a cualquier funcionario público que viole la SB4, basándose incluso en comentarios de ese funcionario contra la medida,
  • la sección 772.0073, que establece un fondo para costear los gastos que surjan en las ciudades y condados que cooperen con ICE o cumplan sus solicitudes de detención extendida en las cárceles,
  • el artículo 2.251, que obliga a cada jurisdicción a obedecer los ‘detainers’ de ICE. (Los ‘detainers’ son solicitudes -de naturaleza voluntaria- que envía ICE a las cárceles para mantener detenida a una persona cuya liberación ha sido ordenada por un juez. Esto le da hasta 48 horas a los agentes de inmigración para tomar custodia de esa persona desde la prisión bajo “causa probable” de que sea indocumentada.)
  • el artículo 42.039, que facilita transferir a alguien sujeto a un ‘detainer’ de ICE desde la cárcel a la custodia federal, durante sus últimos 7 días en prisión,
  • la sección 402.0241, que permite al fiscal general de Texas utilizar fondos estatales para defender en corte a cualquier jurisdicción que sea demandada por cumplir con los ‘detainers’ de ICE,
  • y la sección 39.07, que convierte en delito menor el incumplimiento de cualquier ‘detainer’ de ICE.