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MIAMI, Florida. Haití no está listo para recibir a 59,000 deportados. Bajo ese argumento, decenas de activistas proinmigración protestaron este martes en Miami y Nueva York contra la decisión anunciada el lunes por el gobierno de Donald Trump de no renovar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) que protegía de la deportación a decenas de miles de familias de origen haitiano afincadas en territorio estadounidense.

“Decir que Haití está en condiciones para poder recibirlos es simplemente vivir en una realidad política alterna”, dijo el portavoz de la organización America’s Voice, José Dante Parra, durante una rueda de prensa ofrecida Miami por media docena de organizaciones que se oponen a esta medida.

Un total de 58,706 haitianos viven actualmente en Estados Unidos bajo este amparo migratorio aprobado semanas después del terremoto que asoló la isla en enero de 2010, y que provocó unas 300,000 muertes y el desplazamiento de millón y medio de personas.

Todos ellos tienen ahora un plazo de 18 meses para abandonar el país, según anunció el lunes la secretaria del DHS Elaine Duke tras informar que el TPS no será renovado.

“Esta decisión afecta a madres, padres, tíos, primos que han estado viviendo en EEUU un promedio de ocho a 13 años. Son nuestros maestros, nuestros doctores, nuestros estudiantes universitarios, nuestros organizadores, nuestros trabajadores, en cada lugar donde miren hay beneficiarios del TPS contribuyendo al desarrollo económico, social y político de esta gran nación”, agregó la directora de la organización Mujeres Haitianas de Miami (Fanm Ayisyen Nan Miyami), Marleine Bastien, durante la conferencia de prensa.

Cuando venza el plazo establecido por el gobierno de Trump, el 22 de julio de 2019, estos padres se verán forzados a regresar a un país que aún está lidiando con las consecuencias de los peores desastres de su historia, argumentó Bastien: un terremoto que devastó la poca infraestructura del Estado, una epidemia de cólera que sigue latente y una seguidilla de tres tormentas y huracanes que arrasaron con viviendas y plantaciones en los últimos dos años.

“¿Les pediremos a estas familias que vuelvan a una nación que hace un año fue víctima de una de las peores tormentas en la historia haitiana, que mató a más de 2,000 y destruyó toda la península sur? ¿Vamos a pedirle a estas familias que vuelvan a una nación aún afectada por la peor epidemia de cólera importada que mató a más de 8,000 personas y dejó 1.2 millones contaminados?”, dijo Bastien.

En octubre pasado, un grupo de abogados reunidos en el Global Justice Clinic de la Universidad de Nueva York elaboraron un informe donde enumeran las razones por las cuales Estados Unidos debía renovar el TPS en favor de los haitianos: el desplazamiento interno provocado por los desastres naturales; la crisis de vivienda; la inseguridad alimentaria; y la epidemia de cólera.

De acuerdo a este estudio, 2.3 millones de personas fueron desplazadas de sus viviendas por el terremoto del 12 de enero de 2010 y para septiembre de este año, casi 38,000 seguían viviendo en campos de damnificados. Luego, en octubre de 2016, otras 180,000 personas fueron desplazadas por el huracán Matthew desde los pueblos y caseríos arrasados en el sur de la isla hacia Puerto Príncipe, la capital, y otras grandes ciudades.

La deportación a Haití de los beneficiarios del TPS también afectaría el envío de una porción importante de remesas que sostienen a unas 250,000 personas en la isla, según cálculos del Global Justice Clinic.

Al anunciar el fin del TPS para los haitianos, la secretaria encargada Elaine Duke alegó que “Haití es capaz de recibir con seguridad a los ciudadanos devueltos” y que el Estado “ha demostrado un compromiso para prepararse adecuadamente para cuando el TPS del país termine”.

Sin embargo, el propio gobierno haitiano pidió a EEUU que renovara el amparo en favor de sus ciudadanos. El pasado 4 de octubre, el embajador haitiano en Washington, Paul G. Altidor, solicitó una extensión del TPS por 18 meses e invitó a las autoridades estadounidenses a visitar el país para que comprobaran las razones por las cuales era vital la renovación de este beneficio.

“Una vez que vean las condiciones en el terreno, quedará claro que la extensión (del TPS) por 18 meses adicionales es un interés compartido por Haití y Estados Unidos”, decía la carta enviada por el embajador Altidor a la secretaria Duke.

Una vez anunciada la decisión del gobierno, las esperanzas de los haitianos que viven en EEUU bajo el TPS y de las organizaciones que los apoyan se centran en el Congreso y en la posibilidad de que la mayoría republicana apruebe una ley que favorezca su permanencia en el país.